Cuenta oficial de la Fiscalía General de la Nación. Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
Colombia
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Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a 15 presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de migrantes y a la obtención fraudulenta de documentos colombianos para ciudadanos extranjeros. Cinco fueron enviados a establecimiento carcelario, nueve deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia y uno más seguirá vinculado con medidas restrictivas.
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Según la investigación, la organización habría facilitado que extranjeros, principalmente ciudadanos dominicanos, obtuvieran registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos de manera fraudulenta, para acreditar una nacionalidad que no les correspondía y superar controles migratorios. Para ello, presuntamente captaban y trasladaban migrantes, gestionaban alojamientos, conseguían falsos declarantes que acreditaban parentescos inexistentes y utilizaban de manera irregular accesos a sistemas de la Registraduría. La Fiscalía identificó 24 eventos relacionados con al menos 43 ciudadanos extranjeros.
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Rafael Antonio Henao fue contratista de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, entre el 18 de enero y el 28 de diciembre de 2018. Su labor consistió en apoyar la gestión y el seguimiento de iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
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La Fiscalía General de la Nación evidenció que habría recibido un vehículo avaluado en 90 millones de pesos a cambio de emitir conceptos técnicos favorables para un proyecto de mejoramiento vial en Cauca.
En ese sentido fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho impropio. Rafael Antonio Henao no aceptó los cargos.
Información completa aquí: tinyurl.com/494xxwp7
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Lo que inició como una oferta para trabajar como meseras terminó en un escenario de explotación sexual para cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, quienes viajaron desde Medellín (Antioquia) hasta Villavicencio. Allí habrían sido recibidas por María Ofelia Ortiz Gil, quien les indicó que realizarían actividades de tipo sexual. Los hechos ocurrieron entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024, tiempo en el que las víctimas permanecieron encerradas y vigiladas con cámaras de seguridad, y sus movimientos presuntamente eran controlados por esta persona, quien era la propietaria de un establecimiento comercial.
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La alerta de la madre de una de las adolescentes permitió establecer su ubicación e informar a las autoridades, que llegaron al lugar y rescataron a las víctimas. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta imputó a María Ofelia Ortiz Gil el delito de trata de personas agravado y le fue impuesta una medida privativa de la libertad.
Información completa aquí: tinyurl.com/3t53fw9c
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La participación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, en Cusco, Perú, dejó avances concretos para fortalecer la respuesta de Colombia frente a la criminalidad transnacional. La agenda se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.
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Durante la agenda internacional también se renovó el memorando de entendimiento con el Basel Institute on Governance, vigente desde 2024. La cooperación contempla asistencia técnica y programas de capacitación en corrupción, lavado de activos, delitos financieros y recuperación de bienes provenientes de economías ilícitas.
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Previo a la Asamblea de la AIAMP, la Fiscal General participó en los Pactos Regionales sobre Crimen Organizado de EL PAcCTO 2.0, junto con los fiscales generales de Guatemala y Perú. En el panel sobre cooperación jurídica entre la Unión Europea y América Latina, se abordaron mecanismos para fortalecer la respuesta de los Ministerios Públicos contra las estructuras, dinámicas y economías ilícitas asociadas al crimen transnacional.
Información completa aquí: tinyurl.com/7cyw2fh2
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#Las5deLaSemana Estas son las noticias más destacadas en la Fiscalía General de la Nación.
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Los sueños de 158 familias de adquirir un lote para construir vivienda propia se habrían visto afectados por la presunta actuación ilegal de Luis Daniel Sánchez Suárez, quien les ofreció un proyecto en Barbosa (Santander) que nunca se desarrolló. Según la investigación, el hombre promovió una iniciativa de autoconstrucción mediante una asociación sin ánimo de lucro que representaba legalmente.
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Bajo esta promesa, habría logrado que las víctimas le entregaran, entre 2010 y 2023, más de $1.220 millones por la venta de 127 lotes. Sin embargo, el uso del suelo no permitía desarrollar proyectos de vivienda y la iniciativa carecía de permisos municipales.
La Fiscalía le imputó los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal. El procesado no aceptó los cargos.
información completa aquí: tinyurl.com/bdz8m4fz
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Por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato de interventoría del proyecto construcción del puente de la calle 60, suscrito en 2023, la Fiscalía judicializó al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y a siete exfuncionarios y contratistas. Las evidencias indican que habría sido favorecido un consorcio pese a que existían inhabilidades para contratar con el Estado, situación que fue conocida y avalada por integrantes del comité evaluador y otros servidores.
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Asimismo, se conoció que se habrían realizado pagos superiores a 1.000 millones de pesos al contratista interventor, equivalentes a más del 50% del valor del proyecto, cuando el avance de la obra no superaba el 6 %. Por estos hechos, los posibles involucrados fueron imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, por delitos como peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen de inhabilidades.
Información completa aquí: tinyurl.com/mr243n4c
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La investigación de la Fiscalía por el homicidio del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, permitió documentar la presunta participación de un adolescente de 17 años en el ataque ocurrido el 29 de septiembre. El joven habría llegado como parrillero en una motocicleta hasta la residencia de la víctima y disparado en varias oportunidades. Posteriormente, en su huida tuvo un accidente, fue retenido por la comunidad y entregado a la Policía.
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Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías. Le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos fueron aceptados. El joven recibió medida de aseguramiento de internamiento preventivo.
Información completa aquí: tinyurl.com/3vnt394t
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La investigación de la Fiscalía por el entramado de corrupción en la UNGRD avanza también sobre el patrimonio de los presuntos involucrados. Tras varios actos investigativos, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 25 bienes: 19 inmuebles y 6 sociedades, avaluados preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos.
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Los bienes estarían vinculados a seis de los señalados implicados en el direccionamiento de la contratación y la desviación de recursos de la UNGRD. Ellos son los exdirectivos de la entidad Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo. Las medidas cautelares son materializadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con el Ejército Nacional.
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Las propiedades afectadas están ubicadas o registradas en Bogotá, Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Pasto y Chachagüí (Nariño), Sopó y Tabio (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander). Entre los activos hay sociedades que tendrían relación con maniobras para obtener contratación en la UNGRD y dar tránsito a los dineros recibidos.
Información completa aquí: tinyurl.com/mpea88xz
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